También serán modificadas las leyes sobre droga, lavado de activos, el sicariato, los delitos de alta tecnología y las que sancionan a los menores de edad
SANTO DOMINGO.- El presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, garantizó que el Código Procesal Penal será modificado en los próximos días, a fin de que deje de ser un instrumento usado para dejar en libertad a delincuentes.
Martínez sostuvo que el proyecto de modificación será estudiado por una comisión a la cual se le fijará un plazo de entrega.
En la sesión de ayer martes, los diputados conocieron una propuesta de modificación al código por parte del vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Víctor Suárez.
Martínez dijo que apoya el planteamiento hecho sobre el tema por el presidente Leonel Fernández durante un encuentro realizado en Santiago, donde se quejó de la facilidad con que delincuentes acusados de delitos graves salen libres de las cárceles.
Reveló, además, que también serán modificadas las leyes sobre droga, lavado de activos, el sicariato, los delitos de alta tecnología y las que sancionan a los menores de edad.
“Tenemos la obligación de revisar todas esas leyes para enfrentar la delincuencia, tal y como el país lo está exigiendo”, enfatizó.
Dijo que muchas veces con homicidios agravados los autores salen a las calles en apenas dos años. También se quejó de que algunas veces los jueces ponen en libertad a personas que tienen hasta ocho medidas de coerción.
“Entendemos que no debe de darse la libertad a delincuentes confesos y que han sido reincidentes por las mismas causas, la medida de coerción deben ser revisadas también, para que no sean tan flexibles”, agregó.
Señaló que uno de los principales problemas es que muchos criminales en las cárceles no cumplen las condenas que les son impuestas.
“Por eso modificaremos ambos códigos para que no haya excusa para dejar en libertad a los delincuentes”, dijo.
En las modificaciones al Código del Menor se establecerá que un grupo de jueces evalúe al menor que participe en un acto delictivo, para determinar si su actuación fue con discernimiento de causa y así condenarlo como un adulto. “Esto es para no violar los acuerdos internacionales sobre protección del menor”, señaló.
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