Por Nicolás Arroyo Ramos
La existencia de unas relaciones armoniosas entre periodistas y policías, a todos los niveles, facilitan y garantizan, (salvo que no se tenga algo que ocultar), el que ambos sectores desempeñen una labor más efectiva, encomiable y loable a favor de la sociedad, pero no acabo de entender, llegando a los 25 años de ejercicio profesional de esta noble carrera, cuál es el pánico, temor, odio e intolerancia que guardan algunos agentes policiales, en contra de periodistas, comunicadores y camarógrafos.
El atropello verbal de que fue víctima el licenciado Miguel Ángel Arroyo Ramos (mi hermano, compadre, colega, reportero del canal 25 de Santiago y propietario de la página digital eljinchaito.net, entre otros), quien haciendo uso del derecho constitucional de informarse e informar, cubría las incidencias de uno de los operativos policiales en plena vía pública en Moca, fue agredido verbalmente e impedido de realizar su trabajo por un oficial policial que, todavía no parece entender el rol que corresponde a los informadores públicos y la evolución que ha tenido la institución.
Esa actitud, grosera e irrespetuosa en contra de la prensa mocana, asumida por el oficial policial del departamento de crímenes y delitos contra la propiedad (Robo), no se justifica de ninguna manera, y se contrapone con la filosofía, mística y conducta implementada por el actual jefe de la institución, mayor general José A. Polanco Gómez, quien en cada uno de los cargos que ha desempeñado se ha caracterizado por su transparencia, seriedad y por tener una relación armoniosa, respetuosa y cordial con los miembros de la prensa radial, escrita, televisiva y digital.
Todo lo contrario, la actitud asumida por el oficial policial con asiento en Moca, al impedir que se le filmaran los operativos que realizaba en contra de ciudadanos que transitan por el lugar, es violatoria de la Constitución y la Ley, poco transparente y oscura, ya que contraria a perseguir los crímenes y delitos que crecen exorbitantemente en esta localidad, en la mayoría de la población existe la creencia de que son hechos quitarle dinero a los que molestan y registran, pero además, pudiendo formar parte de una conspiración para desacreditar la gestión del actual jefe policial, con el propósito de que lo salten del cargo.
Todo parece que el miedo patológico que asumen algunos miembros de la policía y oficiales de esa institución en contra de la prensa (a la que deben dejar realizar su labor de informarse e informar a la población, obedece a la falta de transparencia, claridad y seriedad con que realizan su labor y a los maltratos que hacen a una población indefensa que solo cuenta con el respaldo de algunos medios de comunicación.
El querer impedir que los periodistas, comunicadores y camarógrafos ejerzan su labor, con libertad y de acuerdo a la Constitución y la Ley, no se justifica bajo ningún concepto en país que ha logrado un fortalecimiento democrático y solicitamos una investigación al general Polanco Gómez y al buen amigo, doctor Radhamés Peña Magistrado procurador General de la República, ya que los intolerantes son capaces de cualquier cosa.
