El presidente del Consejo Directivo de la entidad, Carlos Amarante Baret, advirtió que estas nuevas tasas “van en detrimento del sector de las telecomunicaciones en el país”.
Recordó que ya los usuarios de servicios de telecomunicaciones pagan un gravamen mensual de 30%, de los cuales 18% corresponden al ITBI; 10% a Impuestos sobre la Renta y 2% al Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT).
Consideró que el sector no puede ser afectado por una nueva carga impositiva y favoreció, en cambio, que el Estado realice “el correspondiente estudio de costos” que determine la inversión que conlleva implementar el referido Sistema de Emergencia 911.
“Entendemos que el Estado debe cubrir en su totalidad los gastos de implementación, ya que es contraproducente la aplicación de nuevas medidas impositivas”, enfatizó el funcionario.
Planteó por la complejidad del proyecto hay que analizar el redireccionamiento de las llamadas e interconexión, identificación desde celulares, garantía de rapidez en la respuesta incluyendo policías y ambulancias, número de empleados e inclusión de proveedores de servicios privados de ambulancias y helicópteros.
A su juicio, la iniciativa en buena, pero “ existen aspectos de la redacción que podrían ser optimizados de manera tal que dicho texto legal se convierta en una pieza legislativa útil para nuestro país”.
