La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el caso ante la CorteIDH el pasado día 11 porque consideró que República Dominicana no cumplió las recomendaciones que emitió en el informe de fondo de la denuncia, informó hoy el organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En concreto, el caso se relaciona con los hechos sucedidos en la frontera de República Dominicana con Haití el 18 de junio de 2000, cuando miembros del Ejército dominicano dispararon contra un vehículo que transportaba a un grupo de haitianos.
Perdieron la vida siete personas y resultaron heridas varias más. Los hechos fueron juzgados por la justicia militar, aunque los familiares de los ejecutados solicitaron que el caso fuera sometido a la jurisdicción ordinaria.
Tras varios años de proceso, la justicia militar absolvió a los militares involucrados.
Asimismo, el caso se relaciona con el hecho de que algunas de las víctimas supervivientes sufrieron violación a su libertad personal y violaciones a las garantías judiciales y protección judicial, puesto que fueron expulsadas de República Dominicana, sin recibir las garantías debidas en su carácter de migrantes.
Finalmente, el caso se enmarca en un contexto de discriminación estructural en contra de haitianos o personas de origen haitiano por parte de agentes dominicanos, señala la CIDH.
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