El Departamento de Estado tiene una variedad de herramientas y recursos tecnológicos para ayudar a los funcionarios consulares a combatir el fraude, pero no tiene una política para su uso sistemático, dijo el informe.
Según el informe, solicitado por el Congreso de
EE.UU., en el año fiscal 2010, cerca del 60 % de los casos de fraude
confirmados, es decir 9.200 de un total de 16.000, provino de
solicitantes de Brasil, China, República Dominicana, India y México.
Funcionarios del Departamento de Estado indicaron
que el fraude comúnmente sucedió cuando los solicitantes de visas
temporales presentaron documentación falsa para no dar la idea de que
intentaban emigrar ilegalmente a Estados Unidos, señaló el documento de
la GAO.
El fraude también ocurre entre quienes solicitan
visas como trabajadores temporales o estudiantes y, por lo general, en
respuesta a los esfuerzos del Gobierno para combatir este tipo de
fraude, "los solicitantes de visa sin escrúpulos adaptan sus estrategias
y, como resultado, las tendencias del fraude evolucionan con el
tiempo".
Algunos solicitantes cometen fraude para obtener
visas mediante el uso de documentos falsos o simplemente al mentir a la
hora de solicitar la visa.
Para Estados Unidos, el problema es preocupante
porque el fraude en las visas "puede facilitar actividades ilegales en
EE.UU., incluyendo delitos de violencia, tráfico de humanos y
terrorismo", subrayó la GAO.
Al repasar los problemas del Departamento de
Estado, el documento señaló, por ejemplo, que aunque los consultados
estadounidenses tienen "unidades para la prevención del fraude", la
proporción de personal diplomático al número de casos de fraude "varía
enormemente" y eso causa una carga de trabajo "desproporcionada".
Aunque el Departamento de Estado ofrece cursos de
capacitación a su personal, tanto en internet como a través del
Instituto de Servicio Exterior, estos cursos no son obligatorios y la
agencia tampoco vigila la inscripción en esos programas, advirtió el
informe.
Según la GAO, el fraude de visas "es un problema
grave que amenaza la integridad del proceso" y enumeró una serie de
recomendaciones para que el Departamento de Estado "formule una política
para el uso sistemático de los recursos contra el fraude" ya
disponibles.
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